Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECV) son responsables del 32% de las muertes en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 17,9 millones de muertes al año, siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo y un grave problema de salud pública. En nuestro país, afectan en torno al 10% de la población española y son las responsables del 26,4% de las defunciones, constituyendo la primera causa de muerte y de ingreso hospitalario.

Si no se toman medidas urgentes enfocadas a la prevención y al control de las ECV y la de sus factores de riesgo asociados, se prevé que en los próximos años su prevalencia no haga más que aumentar. Por ello, es fundamental promover estrategias y acciones de mejora que estén enfocadas a reducir al máximo su impacto en la población y en intentar frenar uno de los mayores problemas de salud pública que tiene España y toda Europa.

Esta semana las principales sociedades científicas y médicas de nuestro país, junto con Cardioalianza, han solicitado al Gobierno que incorpore las enfermedades cardiovasculares como una prioridad en la política sanitaria de su presidencia europea, que comenzará en julio, y que adopte de forma urgente medidas encaminadas a potenciar, impulsar, promover y divulgar la importancia de la salud cardiovascular.

De esta forma, Cardioalianza, junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón, CardioAlianza, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, la Fundación Cirugía y Corazón y la EU Structural Heart Disease Coalition, han solicitado al nuevo ministro de Sanidad, D. José Manuel Miñones, que se asegure de que la salud cardiovascular figure entre las prioridades en materia de salud de la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Tanto los pacientes como los representantes sanitarios coinciden en la necesidad de visibilizar y priorizar el abordaje de estas enfermedades, y denuncian la falta de atención a este ámbito en los preparativos de la Presidencia.

Desde Cardioalianza, como representante de los pacientes, se reclamó que se dediquen los recursos adecuados para la prevención y la promoción de hábitos saludables mediante una mayor concienciación, así como la mejora de la asistencia social y sanitaria a todos los niveles. Para lograrlo, se propone situar a la salud cardiovascular como una de las prioridades sanitarias durante la Presidencia europea, ya que así logrará tener una mayor visibilidad y posibilidad de que destinen más recursos dentro de las administraciones europeas.

Y es que, a nivel nacional, en abril de 2022, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV), impulsada por el Ministerio de Sanidad, pero después de un año aún no se ha efectuado ningún avance para que su implementación sea tangible, según manifiestan los expertos.

Para los pacientes, la nueva Estrategia abre una oportunidad para acelerar cambios en materia de planificación y gestión sanitaria. Por ello, Cardioalianza ha iniciado recientemente un plan de aceleración para la mejora de la salud cardiovascular en el ámbito autonómico; un proyecto que, en línea con la ESCAV, impulsa la prevención de los factores de riesgo desde una visión integral y el empoderamiento de la ciudadanía hacia el cuidado de su propia salud.  En este caso, el objetivo de la iniciativa es que se revisen y actualicen los planes y programas de las distintas comunidades autónomas.

En este sentido, y según han expresado los mismos representantes de las sociedades médicas en la rueda de prensa que tuvo lugar este martes en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, numerosas entidades de otros países ya han demandado también “una mayor atención política a estas enfermedades mediante un “Plan europeo en salud cardiovascular”, pero reconocen que es necesario un “impulso político claro” en el que el papel del Gobierno de España durante la presidencia europea juega un rol determinante “por responsabilidad, coherencia y urgencia social”.

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